Aproximadamente 1 de cada 10 empleados franceses recibe el pago del «SMIC». Además, el aumento del SMIC es siempre un acontecimiento anunciado en los principales medios de comunicación. Las normas legales sobre el funcionamiento de este salario mínimo son, por tanto, importantes para todos estos empleados, departamentos de recursos humanos y gestores de nómina. Aquí hay un resumen claro sobre el tema.
¿Qué es exactamente el salario mínimo?
El SMIC corresponde al salario mínimo legal por hora que deben recibir todos los trabajadores en Francia. Por lo tanto, no es posible en Francia contratar a un empleado cuyo salario por hora sea inferior, incluso si el empleado está de acuerdo. Esta obligación también se aplica a los empleados desplazados temporalmente a Francia, incluso si estos empleados tienen un salario mucho más bajo en su país de origen.
El importe del salario mínimo bruto por hora en Francia es actualmente de 10,25 euros (7,74 euros en Mayotte), lo que corresponde a una persona que trabaja 35 horas semanales a una remuneración de 1.554,58 euros brutos al mes (1 173,27 euros en Mayotte).
El importe neto del salario mínimo percibido por el trabajador puede variar de un trabajador a otro dependiendo de la empresa de que se trate, ya que las cotizaciones a la seguridad social no son iguales en todas las empresas. En 2021, el salario mínimo neto por hora ronda los 8,11 euros, o unos 1.230,61 euros al mes.
¿Cuál es el salario a tener en cuenta para el salario mínimo?
De acuerdo con las disposiciones legales, el salario a tomar en consideración es el que corresponde a una hora de trabajo efectivo teniendo en cuenta las prestaciones en especie y los distintos aumentos que tienen el carácter de hecho de salario adicional. Por el contrario, quedan excluidas las sumas que no tengan el carácter de salario o que no retribuyan la prestación del trabajo.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento del salario mínimo?
En caso de incumplimiento del salario mínimo, el empleador podrá ser sancionado con apercibimiento , con multa administrativa impuesta por la DIRECCTE o con multa de hasta 1.500 euros para personas físicas y hasta 7.500,00 euros para personas jurídicas. En caso de reincidencia, la multa se incrementa hasta un máximo de 3.000,00 euros para personas físicas y un máximo de 15.000,00 euros para personas jurídicas.